Naturaleza, Ganadería y Alimentación: Reflexiones desde Colombia sobre los debates de los sistemas alimentarios

Introducción

Durante los últimos 15 años hemos visto un incremento en los debates y la atención de distintos actores sobre el papel de la alimentación en la múltiple crisis que vivimos (cambio climático, desigualdad creciente, hambre y malnutrición), la necesidad de transformación de los sistemas alimentarios, y el carácter estratégico de la alimentación para alcanzar la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible. Existe un consenso general sobre la necesidad que tienen los sistemas alimentarios de transformaciones a múltiples escalas, lugares y dimensiones para alcanzar la sostenibilidad, la equidad y la justicia; pero aún persisten ciertos debates, especialmente sobre las soluciones. Uno de ellos, es si nuestro sistema alimentario necesita trabajar con la naturaleza o ser más natural.

Este año, MESA está trabajando en el tema de Naturaleza, explorando como las ideas sobre la naturaleza y lo que se considera natural informan los debates sobre qué y cómo deberíamos crecer, conservar y comer los productos de la naturaleza (plantas y animales). Lo que entendemos por los términos ´naturaleza´ y ´natural´ varía considerablemente, y mucho de ese entendimiento esta informado por la cultura, el paisaje y la experiencia, y, por tanto, tiene un componente geográfico y territorial. Además, teniendo en cuenta las complejas interconexiones y dependencias de los desafíos presentes en los sistemas alimentarios locales y globales, así como la diversidad de sociedades y culturas alrededor del mundo; un mismo asunto puede ser abordado de maneras diferentes, complementarias o incluso contradictorias. Lo que puede parecer el mismo desafío o evento, puede tener diferentes patrones, estructuras y valores en distintas partes del mundo.

MESA tiene la oportunidad de explorar estas diferencias y similitudes a medida que amplía el alcance de su trabajo en América Latina a través de una alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes en Colombia y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo de blog hace parte de esa expansión, y busca reflejar la mencionada diversidad geográfica a lo ancho de nuestro trabajo, discutiendo cómo los asuntos tratados en el tema Naturaleza están presentes o no en el debate en Colombia, cuáles son las diferencias y qué otros aspectos o ángulos existen en el país.

Ganadería, clima y debates alimentarios

En un contexto global, la ganadería es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI). De acuerdo con la FAO, para 2015 los sistemas ganaderos contribuyeron con 6,2 gigatoneladas de las emisiones de CO₂ equivalente, lo que representa el 12% de las emisiones de GEI provocadas por actividades humanas y cerca del 40% del total de emisiones de los sistemas agroalimentarios. Adicionalmente, la producción ganadera genera otros impactos ambientales relacionados con el uso del agua, la eutrofización, el uso de la tierra y la pérdida de biodiversidad; tanto directamente como a través de la competencia entre piensos y alimentos. Por otra parte, el impacto que tiene el consumo de carne en la salud humana depende del tipo y la cantidad de carne, así como de factores genéticos y socioeconómicos. Sin embargo, existe un consenso relativamente establecido de que una dieta saludable debe incluir menores cantidades de proteína animal (en comparación con la dieta occidental estándar) y que un alto consumo de carne roja, y especialmente carne procesada, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2^[1].

Los impactos de los sistemas ganaderos y la producción de carne en la salud y sostenibilidad de los sistemas alimentarios son un área de creciente interés alrededor del mundo. Los efectos sobre la salud humana de una dieta alta en carne, la (in)sostenibilidad ambiental de ciertos sistemas de producción ganadera, y el crecimiento global de este sector están siendo ampliamente debatidos, así como las alternativas de dietas y sistemas productivos necesarios para abordar estos impactos (el documento de MESA “Meat, metrics and mindsets” explora estos aspectos en detalle). Estos debates están también presentes en Colombia. Sin embargo, como en varios países de América Latina, estos asuntos tienen capas adicionales que mueven la conversación en diferentes direcciones y se basan en motivaciones específicas que surgen de los contextos nacionales e incluso territoriales.

Como se expone en la serie de recursos producidos por MESA bajo el título “Meat: the four futures” una buena parte del debate en los países occidentales se concentra en el tipo de dieta que se debería seguir y en las políticas de producción y consumo que permiten o restringen esas alternativas. En Colombia, el debate parte de la historia sociopolítica y de su condición geográfica como país tropical y megadiverso. En las siguientes secciones abordaré algunos de estos elementos. Primero, comentaré la relación entre la ganadería, el conflicto armado del país y la deforestación de la Amazonía; luego aportaré algunas breves ideas sobre una producción y un consumo más natural, profundizando en las últimas regulaciones de Colombia en materia de Alimentos Ultra Procesados y compras públicas, así como algunos avances en agroecología.

Foto aérea de un paisaje de deforestación al borde de un bosque. Imagen de Agence France-Presse.

Vacas, deforestación y paz en Colombia

Colombia tiene un consumo diversificado de proteína de origen animal, con la carne de pollo y sus derivados como la principal fuente (36,8 kg/per cápita por año), seguida de la carne de cerdo (10,6 kg/per cápita por año) y la carne de res (9,5 kg/per cápita por año). A excepción del pollo, los niveles de consumo de proteína de origen animal del país son inferiores que aquellos en Argentina, Reino Unido (UK) o el promedio de la OCDE (ver la tabla abajo). Además, en los últimos años, el consumo de pescado, pollo, y especialmente cerdo ha venido creciendo en el país, ganándole espacio a la carne de res; parcialmente debido al aumento en el costo de esta última. 

Las alternativas de proteína de origen vegetal también han venido en aumento en los últimos años. A pesar de la falta de datos sólidos y oficiales, algunos estudios independientes, como uno reciente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), confirman el aumento de interés de los consumidores por las comidas basadas en plantas y la disponibilidad de opciones vegetarianas y veganas en los restaurantes. El estudio encontró que, entre enero de 2022 y junio de 2023, el interés por los platos vegetarianos aumentó más de 150%, mientras que la preferencia por la comida vegana ha experimentado un crecimiento del 433%; y de 1.722 restaurantes analizados, el 45% cuenta con alternativas de menú basadas en plantas. Sin embargo, el hecho de que estos restaurantes estén ubicados en las principales ciudades (Cartagena, Bogotá, Medellín, entre otras), atendiendo a grupos de ingresos medios-altos y turistas extranjeros; y que las hamburguesas y pizzas a base de plantas representaron hasta el 60% de las búsquedas de los consumidores en estos restaurantes; sugiere que se trata más de una oportunidad de mercado y una tendencia de “moda” que de un cambio de comportamiento basado en consideraciones ambientales y de salud. Más investigaciones y diálogos deberían profundizar en esta temática, ya que no ha habido en Colombia un debate amplio y profundo sobre el consumo de carne o las dietas basadas en plantas. Una de las razones que podrían explicar esto es que la ganadería y la producción de carne en el país generan debates profundamente políticos y sensibles en torno a cuestiones específicas de nuestro contexto, como los conflictos por el uso de la tierra, el conflicto armado y la deforestación.

Fuente: OECD -FAO Agricultural Outlook 2021

Para comenzar, en Colombia la ganadería extensiva ha sido ampliamente vinculada con el acaparamiento y despojo de tierras durante el más de medio siglo de conflicto armado en el país^[2]. Grandes terratenientes-ganaderos y empresas ganaderas han hecho alianzas con actores armados ilegales, la mayoría de ellos grupos paramilitares, para defenderse de otros actores armados, pero también para acceder a tierras que anteriormente eran propiedad de comunidades campesinas desplazadas y han legalizado este despojo mediante el uso o la creación de redes entre ganaderos, grupos paramilitares, gobiernos locales y otros actores. El tema es muy complejo, tiene diferentes modalidades de despojo y muchos actores involucrados además de los grandes ganaderos. Para dar una idea de la magnitud del problema, la Comisión de la Verdad de Colombia destaca que, según datos de la Encuesta Nacional de Víctimas, de 1985 a 2013 más de 537.000 familias fueron despojadas de sus tierras o tuvieron que abandonarlas por la fuerza. Del mismo modo, entre 1995 y 2004, más de ocho millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas, un territorio similar al tamaño de Austria.

En segundo lugar, la ganadería a gran escala en el país ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación en nuestras selvas y bosques. Un reciente estudio encontró que, durante los últimos 30 años, el cambio ilícito del uso de la tierra de bosques a ganadería fue responsable de más de 3 millones de hectáreas de tierras deforestadas^[3](aproximadamente el tamaño de Bélgica). Esto ha sido particularmente dramático fuera de la frontera agrícola (áreas donde las actividades agrícolas están excluidas por ley) y posterior al Acuerdo de Paz de 2016. Un análisis de Dejusticia (centro de estudios jurídicos y sociales con sede en Colombia que se enfoca en la investigación-acción), tras un trabajo de la Agencia de Investigación Ambiental (una ONG internacional con oficinas en Londres y Washington que investiga y hace campaña contra los delitos y abusos ambientales), destaca que, a pesar de contar con herramientas para controlar los riesgos de deforestación asociados al suministro de carne, la ganadería es, cada vez más, uno de los principales responsables de la deforestación en la región amazónica de Colombia. Entre las herramientas disponibles por el Gobierno se encuentran sistemas de información para rastrear el ganado y su origen en los puntos críticos de deforestación; un marco regulatorio que restringe tanto la producción ganadera en áreas ambientalmente protegidas como el movimiento de vacas en el país; además de diversos acuerdos voluntarios de no deforestación con empresas. Adicionalmente, las oportunidades de comercio internacional para la carne vacuna colombiana sólo parecen generar más presión sobre el problema, ya que se espera que las exportaciones crezcan gracias a nuevos socios internacionales como China. Actualmente, los principales mercados de la carne vacuna colombiana son Chile, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita y Rusia (antes de las sanciones por el conflicto con Ucrania).

Finalmente, hay un importante, y conocido, conflicto por el uso de la tierra entre agricultura y ganadería. Colombia tiene cerca de 22 millones de hectáreas con vocación agrícola de las cuales 5,3 millones son efectivamente utilizadas en agricultura. En contraste, el país cuenta con 15 millones de hectáreas con vocación ganadera pero más de 35 millones de hectáreas se utilizan actualmente en ganadería, presentándose un uso inadecuado de tierras forestales y agrícolas. Este conflicto por el uso del suelo se exacerba y está interconectado con la dramática concentración de la tierra; el 1% de las explotaciones más grandes posee el 81% de la tierra, mientras que el otro 99% tiene acceso al 19% de la tierra. Además, la mayor parte de la ganadería colombiana se maneja bajo sistemas extensivos; un análisis de Oxfam basado en el Censo Agropecuario de 2014, señaló que “un millón de explotaciones campesinas tienen un tamaño inferior a la tierra de la que dispone en promedio una vaca en Colombia” (p. 24)!

Dado este contexto complejo y problemático, las preocupaciones y los debates públicos sobre la ganadería en Colombia tienden a centrarse mucho menos en las emisiones de GEI que surgen del sector, o en el papel de la carne en la dieta, sino más bien en estas cuestiones profundamente políticas como el uso de la tierra, despojo-restitución y deforestación.

Una producción más natural

Existe un debate en curso en Colombia relacionado con la incorporación de la naturaleza al sistema alimentario, por lo menos, desde una perspectiva productiva y en relación con la adopción de enfoques agropecuarios más sostenibles y naturales. Partiendo del acuerdo que los sistemas alimentarios, y especialmente los sistemas de producción agropecuaria, deben transformarse para mitigar y adaptarse a la crisis climática; diferentes grupos de actores han promovido enfoques como la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa o la agroecología. La necesidad de adoptar y promover enfoques más sostenibles es evidente. Colombia tiene uno de los mayores consumos de agroquímicos en América Latina con un uso de fertilizantes 4,8 veces el promedio de la OCDE. De igual forma, el 40% de los suelos están erosionados y se estima que para 2040 habrá una reducción promedio del 7,4% en la productividad de una serie de cultivos (especialmente maíz, papa y arroz) debido al cambio climático^[4].

Given this context, several sustainable approaches have been promoted in the country in recent decades: sustainable intensification, climate smart agriculture, organic agriculture, regenerative agriculture and, more recently, agroecology.  The country, with the leadership of the Ministry of Agriculture and the active participation of peasant organizations, is advancing in the construction of the national public policy for agroecology while the Congress is discussing a public bill on the same matter. However, there have been very few debates, if any, about how different sustainable agriculture approaches will benefit from these new policies, and what common ground agroecology, regenerative agriculture, and organic agriculture share, at least in relation to environmental sustainability and biodiversity conservation. As shown in TABLE’s diagram “Exploring the ebbs and flows of Regenerative Agriculture, Organic and Agroecology”, despite differences in the dimensions and the underlying concerns of these approaches, there is valuable common ground in the farm practices that they promote, their focus on the need to preserve natural resources, and the aim of achieving sustainable and resilient farming systems. Although I subscribe myself with agroecology (from my academic background and my consumer choices), I believe that there is an urgent need to transcend what separates these approaches and to generate common actions from what unites them: promotion of farm biodiversity, carbon sequestration and ensuring soil health. 

Consumo más natural: cambios en la dieta y traer la naturaleza al plato

Variedad de papas nativas (Solanum tuberosum). Imagen de FoodCultura

En un país donde el 56,4% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad y el 24,4% de los niños y niñas entre 5 y 12 años tienen sobrepeso^[5], las cuestiones asociadas a las dietas generan mucho debate sobre la salud. El tema de los alimentos ultraprocesados (AUP) es otro tema que viene recibiendo una atención creciente en Colombia, como en otros países.

Los debates globales en torno a los AUP abarcan una variedad de temas, desde los impactos nutricionales en la salud hasta los desequilibrios de poder (corporativo) y preguntas sobre la libertad de elección que tienen o deberían tener los individuos sobre lo que comen. Algunas de estas discusiones, desde una perspectiva occidental (UE/UK), se pueden encontrar en el documento de MESA sobre el concepto de AUP; en el artículo que explora las conexiones entre la soja, el cambio de uso de la tierra y las discusiones sobre fuentes de proteínas de origen animal versus vegetal; así como en otros productos en preparación (un episodio de Feed sobre ´The Power of UPF´, un intercambio de cartas y un ensayo sobre la AUP y la naturalidad).

Uno de los ámbitos de debate en torno a los AUP se refiere a la necesidad o conveniencia de regular la producción o comercialización de estos productos, o desde otra perspectiva, a la importancia de brindar a los consumidores la suficiente información para elegir alimentos más saludables. América Latina y el Caribe están a la cabeza en este sentido: los 35 países de la región han discutido el etiquetado frontal de advertencia, 11 países lo han adoptado formalmente y 7 países han comenzado a implementarlo (Chile, Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, y la República Bolivariana de Venezuela)^[6]. Esto es, en parte, consecuencia de los esfuerzos colectivos a nivel regional que comenzaron en 2014, cuando los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron un Plan de Acción de cinco años cuyo objetivo central era detener un mayor aumento de la obesidad, particularmente en niños, niñas y adolescentes. Este plan establecía la implementación de políticas fiscales (impuestos a la salud), la regulación de la comercialización y el etiquetado de alimentos, mejoras en los ambientes alimentarios, y promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable. El plan también contribuyó al Modelo de Perfil de Nutrientes y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 de la Organización Panamericana de la Salud.

Fotos del etiquetado frontal de advertencia en algunos países de América Latina

Chile Fuente: CETALIMENTOS	Argentina Fuente: Infobae
Brasil Fuente: Idec	Colombia Fuente: Goulat

Colombia ha adoptado recientemente dos normas relativas a los AUP. En primer lugar, la Ley 2120 de 2021 establece la obligación, para todos los fabricantes e importadores, de contar con etiquetado frontal de advertencia en todos los productos comestibles si estos contienen exceso de sodio, azúcar, grasas saturadas, grasas trans o si contienen edulcorantes. Además, define estos productos según su nivel de procesamiento (basado en la clasificación NOVA) y tiene en cuenta las recomendaciones de la OMS y la OPS. La Ley está regulada por las Resoluciones Ministeriales N° 810 de 2021 y N° 2492 de 2022. Esta última ha ajustado las etiquetas para que sean octogonales y cumplan con las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, la situación para los consumidores es confusa y se necesita profundizar las campañas pedagógicas. Esto es especialmente necesario ahora que, debido al cambio de forma de la etiqueta y al periodo de transición que permite a las empresas ajustar sus etiquetas, podemos encontrar en las tiendas y supermercados productos con etiquetado circular, otros con etiquetado octogonal y otros sin etiquetado frontal de advertencia pero que están clasificados como AUP. Se espera que a partir del 15 de junio de 2024 todos los productos cumplan con la normativa. 

La segunda norma, aprobada por el Congreso de Colombia en noviembre de 2022, es una reforma tributaria que incluyó (en el Artículo 54) un impuesto saludable, o impuesto a la “comida chatarra” (bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados)^[7]. El impuesto entrará en vigor de forma paulatina entre 2023 y 2025, y es visto por partidarios como las ONG Dejusticia o RedPaPaz, y por el Gobierno de Colombia, como parte de las políticas de salud pública y como un hito para la reducción de la prevalencia de la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta. Sin embargo, algunos críticos del impuesto, como las grandes industrias de bebidas azucaradas y la Asociación Nacional de Comerciantes FENALCO, han afirmado que el impuesto afectará principalmente a los consumidores de bajos ingresos y a las tiendas de barrio. Adicionalmente, la exención de algunos productos ultra procesados, además de los médicos (ver recuadro), plantea la cuestión de si habrá un aumento en el consumo de estos productos exentos en lugar de una disminución general en el consumo de AUP como pretende el impuesto.

Cuando se habla de cambiar las dietas hacia una alimentación más saludable y natural (visto desde el marco del sistema de clasificación NOVA), Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, parecen haber encontrado salidas a algunos de los bloqueos discutidos en el seminario web de MESA “Changing diets to tackle climate change - what's the role of government?”. Sin embargo, la eficacia de las dos medidas descritas anteriormente sólo podrá entenderse si el país logra avances medibles en sus objetivos de alimentación y nutrición. Como mencionan algunos analistas^[8], sin un Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional desde 2018 y con la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, el país avanza a ciegas en su lucha contra el hambre y la desnutrición. Actualizar los datos y brindar apoyo a las instituciones encargadas es esencial para monitorear y fortalecer el impacto de acciones de política pública como el etiquetado frontal de alimentos, el impuesto a AUP o la promoción de entornos alimentarios saludables.

Abordar la producción y el consumo con las Compras Públicas Locales de Alimentos

Un área estratégica de política pública alimentaria que se ha resaltado en los últimos años, especialmente en América Latina, son las Compras Públicas Locales de Alimentos (CPLA). Como señalan varias agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la FAO y la OMS, las CPLA representan un punto de inflexión para la transformación de los sistemas alimentarios. Las CPLA tiene el potencial de establecer (parcialmente) qué alimentos se comprarán, a quién se comprarán y desde qué tipo de sistema de producción se proveen. Esta es una gran señal para los mercados. Además, en el caso de la alimentación escolar, ayudan a determinar las preferencias alimentarias de los futuros compradores.

La mayoría de los países de América Latina han utilizado políticas de CPLA como mecanismos para abordar tanto la seguridad alimentaria como la inclusión socioeconómica de la agricultura familiar. Las CPLA procedentes de la agricultura familiar han sido reconocidas como un poderoso instrumento para crear empleos e ingresos en las zonas rurales; fortalecer y garantizar el Derecho Humano a la Alimentación; promover el desarrollo local; fomentar hábitos alimentarios saludables y abrir nuevos mercados para la agricultura familiar; mejorar la asistencia alimentaria a las personas más vulnerables; y desarrollar la participación social en los sistemas alimentarios locales. Sin embargo, pocos países han adoptado medidas adicionales para fomentar la adquisición de alimentos procedentes de sistemas agrícolas más naturales o sostenibles. Uno de ellos es Brasil, donde el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) ofrecen hasta un 30% de sobreprecio a los agricultores para adquirir alimentos orgánicos o agroecológicos, recompensándolos por una agricultura sostenible.

En Colombia, una ley aprobada en 2020 (Ley 2046) establece que el 30% de los alimentos comprados con recursos públicos deben adquirirse de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y de los pequeños productores locales. La implementación de esta Ley ha sido parcial, lenta y no señala preferencia alguna por el tipo de sistemas de producción de donde deben provenir los alimentos (en cuanto a su sostenibilidad o su naturalidad). Sin embargo, ha habido un reciente anuncio por parte del Gobierno Nacional que podría constituir un paso hacia “traer más naturaleza” a los platos de las compras públicas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) produce, desde 1976, Bienestarina Más®, un complemento infantil de alto valor nutricional para la población más vulnerable del país y utilizado como parte de sus programas institucionales^[9]. En diciembre pasado, el ICBF y los Ministerios de Agricultura y Comercio anunciaron el lanzamiento de la nueva “Bienestarina Más Nuestra”, que reemplaza la harina de trigo y el aceite de linaza importados por productos nacionales como la harina de yuca (Manihot esculenta) y aceite de sacha inchi (Plukenetia volubilis), respectivamente. Estos productos no solo son parte de la agrobiodiversidad colombiana, sino que el anuncio destaca que más de 1000 familias campesinas producirán los insumos, siendo 182 de ellas parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la principal estrategia nacional para reducir el cultivo de coca, y parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Cabe señalar que en 2022 el país se mantuvo como el mayor productor de coca del mundo con más de 230.000 hectáreas sembradas. Además, el Gobierno señaló que este es el primero de cuatro complementos nutricionales que sustituirán productos importados por nacionales. Detrás de estos anuncios y acciones están las intenciones del Gobierno de fortalecer la soberanía alimentaria (con una combinación de sustitución de importaciones, comercialización agropecuaria pública e industrialización rural) y proteger la biodiversidad del país (incluida la selva amazónica). Estas intenciones se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.

Alimentación escolar saludable y de producción local en Colombia. Imagen de FAO Colombia

Conclusiones 

La diversidad de asuntos, perspectivas y valores en torno a los sistemas alimentarios genera una diversidad equivalente en los debates alrededor del mundo. En el caso de los sistemas ganaderos, por ejemplo, el debate en Colombia se concentra más en una mejor carne (libre de deforestación y de conflictos) que en menos carne. ¿Nos está llevando este énfasis a opciones políticas más efectivas para transformar los sistemas alimentarios? ¿Necesitamos, como colombianos, dinamizar el debate sobre el consumo de carne y las dietas alternativas en el país? ¿Pueden o deberían las sociedades con altos niveles de hambre y desnutrición abrir este debate? O, por el contrario, ¿deberían los países de altos ingresos profundizar el debate sobre cómo la carne y otros productos básicos que consumen pueden estar alimentando conflictos (armados, sociales, económicos)? Sería interesante explorar la complementariedad o contradicción entre estas diferentes motivaciones para la transformación de un mismo asunto del sistema alimentario, dónde se encuentran y quizás qué otra motivación es necesaria para acelerar los cambios, tanto a escala local como global.

La diversidad de asuntos también se refleja en los diferentes aspectos que priorizamos a medida que se avanza en la transformación del sistema alimentario. Por ejemplo, para hacer que la alimentación sea más natural. ¿Cuáles son las posibles compensaciones (trade-offs) en la búsqueda de llevar la biodiversidad al plato? Tomemos el caso de los paquetes de chips fritos elaborados con papas nativas u otros tubérculos que han tenido una tendencia creciente durante los últimos años. O las barras de granola elaboradas con semillas de quinua y chía (productos de la agrobiodiversidad latinoamericana) pero aún endulzadas con caña de azúcar procedente de monocultivos. ¿Es “mejor” consumir estos novedosos snacks ultraprocesados que los convencionales? ¿Cómo equilibramos la valoración que hacemos de la biodiversidad y la salud humana? ¿Cambiaría algo si los ingredientes de estos productos ultraprocesados provienen de la agricultura orgánica o de pequeños agricultores agroecológicos? Estas preguntas, entre muchas otras, son una señal de las cuestiones sistémicas que están en juego; preguntas que creo necesarias para que las transformaciones en el sistema alimentario sean factibles y duraderas.

Finalmente, la transformación de los sistemas alimentarios en Colombia requiere, inevitablemente, de componentes de construcción de paz. La larga historia del conflicto armado del país y la centralidad de las cuestiones territoriales y agrícolas en este, reafirman la interdependencia e inseparabilidad de la transformación del sistema alimentario y la necesidad de paz. Además, desde un enfoque de paz positiva, más allá de la ausencia de violencia directa, considero que esta interdependencia aplica al resto del mundo. Dadas las actuales crisis ecológica y climática global, ¿No es cierto que todos los países están en conflicto con la naturaleza? ¿Podemos transformar nuestros sistemas alimentarios sin identificar y abordar este conflicto? La COP 16 sobre Biodiversidad, que Colombia acogerá en octubre de 2024, será una gran oportunidad para reflexionar sobre estas cuestiones bajo el lema de la Conferencia: Paz con la naturaleza.